Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo para que el país diseñe, por primera vez, un marco regulatorio dedicado a las criptomonedas.
El compromiso figura en un memorando oficial presentado este mes, y llega mientras el Gobierno boliviano intenta contener una de sus peores crisis económicas en décadas.
¿Qué compromiso asumió Bolivia con el FMI?
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras, no crea una ley ni un reglamento todavía. Se trata de una promesa formal: Bolivia deberá construir, en el futuro, reglas específicas para supervisar quién opera con activos virtuales dentro del país.
Esa promesa se enmarca dentro de un documento más amplio, centrado en estabilizar el manejo cambiario y reforzar los controles contra el lavado de dinero. La cripto aparece ahí como una pieza más de un rompecabezas fiscal mucho mayor.
El país arrastra una deuda pública que ya supera el 80% de su Producto Interno Bruto, y terminó 2025 con un déficit fiscal cercano al 12%. Son cifras que el propio Ejecutivo describe como las peores desde hace más de cuarenta años.
A eso se suma la reciente incorporación de Bolivia a la lista gris del GAFI, el organismo internacional que vigila el lavado de activos. Esa clasificación suele traducirse en mayor presión externa para mostrar avances regulatorios concretos.
¿Cómo llegaron las criptomonedas a formar parte de la agenda fiscal?
Nada de esto ocurre en un vacío. Con dólares escasos y un tipo de cambio oficial que dejó de reflejar la realidad del mercado paralelo, muchos bolivianos encontraron en el USDT una salida práctica frente a la inflación.
Esa moneda digital dejó de ser algo marginal. Hoy se usa para pagos cotidianos, incluida la compra de combustible, según reportes locales sobre la adopción del activo dentro del país.
El propio Gobierno reconoce esa realidad en paralelo. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que se estudia darle a USDT una función oficial dentro del sistema de pagos, similar a la que hoy tienen el dólar o el boliviano.
El memorando con el FMI no resuelve, sin embargo, detalles clave. No fija fechas límite ni aclara qué institución asumirá la supervisión del sector, dejando esas definiciones para una etapa posterior.
